Hay un riesgo grande de que la etiqueta de deporte se use para blanquear prácticas laborales que ya hoy son tóxicas. Muchos equipos de esports en México funcionan sin contratos claros, sin seguridad social y con una cultura de entrena hasta que revientes que sería escándalo si ocurriera en un club de futbol profesional. Si el Congreso no aprovecha la reforma para exigir condiciones mínimas de trabajo, horarios humanos y mecanismos de denuncia, solo le estará regalando legitimidad a un modelo explotador. También preocupa que la selección de juegos se haga por quién paga más patrocinios y no por criterios deportivos o educativos. Una ley que de verdad cuide a los jugadores tendría que poner primero su salud y su futuro, no la cartera de las marcas ni las métricas de audiencia. De lo contrario, la palabra deporte quedará hueca aunque esté muy bonita en el Diario Oficial.